The Legal Impacts of COVID-19 in the Travel, Tourism and Hospitality Industry

12 profesional requerida por la Ley Hoguet 23 , pues su actividad no se limitaba a intermediar entre anfitriones y usuarios, sino que ofrecía toda una serie de servicios adicionales, propios de la actividad, en la intermediación de las transacciones inmobiliarias 24 . En consecuencia, el tribunal francés que conocía del asunto eleva al TJUE dos cuestiones prejudiciales, la primera de las cuales vendría a analizar la naturaleza jurídica de Airbnb, bien como un prestador del servicio de la sociedad de la información, bien como un prestador del servicio de alojamiento 25 . Tras el análisis del asunto, el Tribunal confirma la naturaleza de prestador del servicio de la sociedad de la información, entendiendo que el servicio de intermediación suministrado por Airbnb no puede considerarse parte integrante de un servicio de alojamiento (57), ni siquiera cuando ofrece una suerte de servicios adicionales que mejoran su prestación. Ciertamente, cree el Tribunal que pese a cuanto se ha expuesto en el procedimiento, no cabe poner en tela de juicio “ el carácter disociable del servicio de intermediación prestado por esta sociedad y, por consiguiente, su calificación como ‘servicio de la sociedad de la información’, puesto que no modifican de forma sustancial las características específicas de dicho servicio ”. Añade, el carácter paradójico que tendría que estos servicios adicionales, cuya misión es aportar un valor añadido a los ofrecidos por la plataforma, con el propósito de diferenciarse de sus competidores, pudieran 23 Loi n.º 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce . 24 Ciertamente, considera AHTOP que Airbnb Ireland (sociedad irlandesa con domicilio social en Dublín, Irlanda, y que forma parte del grupo Airbnb, compuesto por varias sociedades directa o indirectamente participadas por Airbnb Inc., sociedad esta última con sede en los Estados Unidos), ofrece a los arrendadores otro tipo de prestaciones opcionales entre los que están: un servicio de fotografía, un seguro de responsabilidad civil y una garantía por daños de 800.000 €. Colabora con el arrendador estableciendo el precio, poniendo a su disposición una herramienta de estimación del precio de su arrendamiento, en función de los precios medios del mercado en dicha plataforma. Tales servicios no son gratuitos, como no lo son la intermediación que hace en las reservas, acreditándose que el huésped o arrendatario, una vez que acepta la reserva, abona a Airbnb Payments UK el precio del alquiler, al que se suma un importe de entre el 6 % y el 12 % del correspondiente al alojamiento en concepto de gastos y del servicio prestado por Airbnb Ireland. Es Airbnb Payments UK quien conserva los fondos por cuenta del arrendador y, transcurridas 24 horas tras la entrada del huésped en el alojamiento, transfiere la que corresponde al anfitrión, ofreciendo así una doble garantía: la certeza del alojamiento para el huésped y el pago para el anfitrión. A todo ello, también se une el servicio adicional mediante el que tanto el anfitrión como el huésped pueden evaluarse mutuamente. 25 El juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris plantea al TJUE dos cuestiones prejudiciales: (i) ¿Están amparadas por la libre prestación de servicios establecida en el Artículo 3 de la Directiva 2000/31 las prestaciones realizadas en Francia por Airbnb Ireland a través de una plataforma electrónica explotada desde Irlanda?; y (ii) ¿Cabe oponer a Airbnb Ireland las normas restrictivas relativas al ejercicio de la profesión de agente inmobiliario en Francia, establecidas por la Ley Hoguet?