Derecho del Turismo en las Américas

Organización Institucional y Política Turística 277 verse como un eslabón más de la cadena que conduce a un mayor bienestar de los ciudadanos de un país, complementando la actuación de los agentes privados que intervienen en el mercado turístico, con la finalidad de evitar comportamientos que alejen su funcionamiento del objetivo principal. Para ello, el sector público regula la actividad turística, utilizando medidas de tipo coactivo –como los impuestos– o con‑ cediendo incentivos con la finalidad de favorecer determinadas iniciativas que no puede afrontar el sector privado por sí solo” y afirma que el gran reto de la política turística es “compatibilizar el principio de libertad de mercado y de empresa con la preservación de las ventajas estructurales que aseguren la continuidad de la actividad en unas condiciones adecuadas ”. Montaner Montejano (2002: 17) la identifica “ como una parte de la política que establece las directrices de ordenación, planificación, promoción y control de la actividad turística en un país, llevadas a cabo por los poderes públicos que se convier‑ ten en agentes turísticos a través de la administración pública ”. Dado que la política turística debe, necesariamente, responder a la política general del Estado, que por esencia se orienta al alcance del bienestar general, existen ámbitos de actuación donde el sector público interviene a fin de evitar comportamientos que se alejen de este objetivo prioritario. En tal sentido, se observan campos como la fiscalización, el fomento, la preservación de los recur‑ sos y el ordenamiento territorial, que quedan bajo su órbita. Bosch y Merli (2017: 15) resaltan la necesaria coherencia entre la política general de desarrollo adoptada por un país (incluidos los niveles nacional, provin‑ cial y municipal) y la política turística. Estos autores señalan: “ Las políticas de turismo a nivel nacional deben estar en concordancia con las políticas de desarrollo que ha establecido un país, y en un sentido amplio, con aquellas vinculadas a la eco‑ nomía, educación, desarrollo de la infraestructura, el medioambiente y el desarrollo territorial, entre otros puntos no menos importantes. Deben articularse con las políti‑ cas generales que establecen las provincias y los municipios, una tarea que necesariamente implica tener en cuenta los intereses de cada jurisdicción en todo el territorio nacional, potenciando los recursos económicos existentes y generando las mejores condiciones para el desarrollo de las economías regionales. Difícilmente las políticas turísticas puedan prosperar por sí solas, fundamentalmente en los temas o problemas más importantes del sector, si no forman parte y se formulan en el marco de las políticas generales ”. Para Velasco González (2004: 67‑68) no toda política puede ser entendida como turística, ya que, “ Cuando se reflexiona sobre la política turística, se describe un conjunto de acciones que los gobiernos implantan con la intensión de intervenir en esta actividad socioeconómica y este conjunto engloba un número casi ilimitado de