Derecho del Turismo en las Américas
278 DERECHO DEL TURISMO EN LAS AMÉRICAS aspectos: la política de fronteras (el aumento o disminución de las formalidades nece‑ sarias para facilitar la entrada o salida de un país a los no residentes), la política económica, la fiscal, la de comunicaciones, la de infraestructuras, la de seguridad ciudadana, la industrial, etcétera (…) En nuestra opinión, y por lo dicho anterior‑ mente, solo tiene sentido calificar un conjunto de acciones gubernamentales como política turística cuando las decisiones se adoptan con la intensión de intervenir expresamente en el sector turístico ” . En tanto que Villar (2009: 60) ubica en ella a “ las políticas que se piensan, diseñan e implementan teniendo al turismo como su principal (aunque no necesaria‑ mente el único) objeto de intervención. Estas pueden o no ser aplicadas por áreas de turismo de los distintos niveles de Estado ”. El concepto de política turística no es unívoco, ya que los autores que se han ocupado de desentrañar su contenido han partido para su elaboración de dife‑ rentes puntos de vista. La perspectiva económica, puede ser considerada como la preponderante, al menos en el contexto español, donde un antiguo estudio de Aguiló y Vich i Martorel (1996) publicado en la Revista de Estudios Turísticos revela que la mayo‑ ría de los aportes relativos a la política turística parten del análisis de su dimensión económica. Monfort Mir (2000), por ejemplo, sostiene que “ La política turística se cons‑ tituye en un cuerpo teórico que tiene su origen y fundamento en la política económica, de la cual se desgrana ” (p. 8) y, más adelante, “ El objetivo fundamental que persigue la política turística del Estado español es elevar el grado de competitividad global del sector turístico nacional, de manera que continúe contribuyendo a la creación de riqueza y empleo y, por ende, al bienestar de la sociedad ” (p. 17). En esa línea de pensamiento se ubica Pulido Fernández (2004: 67‑68), quien sostiene: “ La política turística es una política sectorial cuyo origen y fundamento está en la política económica general, como en el resto de políticas específicas (sectoriales o instrumentales), pero que presenta como rasgo diferencial dos aspectos que la hacen más compleja. El primero de esos aspectos es la multisectorialidad, que dificulta la identificación de la actividad turística como una rama de producción, al comportarse como una agrupación de sectores. El otro de los aspectos es el protagonismo determi‑ nante que tiene la administración pública en la configuración de la oferta turística final de los destinos, en la medida en que una parte importante de los servicios que conforman esta oferta son de su competencia ” . Esta visión se ve reflejada en Lecturas de Política Económica Turística, obra conjunta de Velasco Murviedro y San Martín González (2009), en la que com‑
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